Los últimos acontecimientos sucedidos en el Instituto Provincial del Tabaco (IPT) con sede en la ciudad de Goya ameritan una reflexión sobre el funcionamiento de una institución que administra los cuantiosos fondos determinando los programas y planes de una importante actividad productivo-cultural de la zona sur de la provincia de Corrientes, como lo es la producción del tabaco criollo correntino.

Creo que cualquier cavilación que hagamos sobre este tema debe indudablemente comprender una mirada que entienda el universo político y el productivo de manera vinculada una con la otra para poder ampliar las reflexiones sobre una cuestión muy sensible para el desarrollo socio-productivo y económico de nuestra zona.

Desde lo político, el IPT no dista en su administración de los demás entes autárquicos de nuestra provincia intervenidos desde hace más de dos décadas (Invico, Icaa, Loteria, DPEC, IOSCOR, etc.) utilizados como “caja política” y de financiamiento del gobierno de turno. En especial este instituto, recibe importantes fondos provenientes del Fondo Especial del Tabaco (F.E.T.) de recaudación nacional y que se comparan con el presupuesto anual con el que cuenta la municipalidad de Goya, razón que creo explica la ausencia total de voluntad para normalizarlo, permitiendo así la discrecionalidad de su uso sin consentimiento de sus legítimos destinatarios, los productores tabacaleros.

Durante el año 2021 los productores protagonizaron varios medidas de protesta en reclamo de los fondos, incluyendo el pedido de renuncia del interventor Ing Agr Cristian Vilas, que tras una década al frente del instituto provincial del tabaco lo condujo a la peor de las crisis.

La discrecionalidad de manejo de los fondos, apañado por los gobernadores Ricardo Colombi y profundizado por Gustavo Valdes, ha priorizado el financiamiento de electrificación, enripiado, forestación, ganadería, etc. y el pago de deudas de la Cámara del Tabaco (entidad gremial), cooperativa del tabaco y obra social, descartando como prioridad el pago a los productores tabacaleros, que según sus propias palabras acumulan deudas de hasta dos campañas.

Las distintas protestas y cortes de ruta convocados por los denominados “Productores Tabacaleros Autoconvocados” deja de manifiesto la crisis de representatividad de quienes están al frente de la entidad gremial que debería salvaguardar los intereses y derechos de los tabacaleros y desde hace un tiempo solo representan al sector político que los ubica en ese lugar.

Desde el “campo propio” es conveniente hacer mea culpa por no haber podido plasmar una propuesta técnico-politica clara para el sector desde el ámbito local, provincial y con mínima o nula incidencia en las decisiones de los funcionarios nacionales sobre esta problemática, haciendo énfasis en el error de “alquilar técnicos ilustrados” al adversario, cuando no enemigo, ideológico y político, como viene sucediendo en el terreno del ministerio de Agricultura.

Para realizar una referencia de la cuestión técnica, vale mencionar los exiguos resultados de los programas productivos para este sector, como el PRAT (programa de reconversión del área tabacalera), que en forma inconsulta y sin capacitaciones previas a sus destinatarios han intentado con apicultura, forestación, reproducción bovina, pasturas, confección de puros, corte de pasto y pintura de escuelas rurales, etc., que no resultaron en beneficio económico o de infraestructura para los productores.

Para los funcionarios provinciales que hacen un culto de “la República de Corrientes”, la culpa de lo descripto es que “Nación no manda el dinero en tiempo y forma” y cuando se consulta a los técnicos del FET en el Ministerio de Agricultura, “El IPT no presenta las rendiciones de los fondos en tiempo y forma”, por esto estamos como el perro que se muerde la cola y es necesario que concretemos una propuesta política, económica y social que corte con la inercia de gobiernos que hoy, radical pintados de amarillo, son la continuidad del conservador Pacto Autonomista-Liberal. •