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“VEMOS QUE ES PREFERIBLE SACAR LOS GRANOS POR CONTRABANDO, QUE PAGAR LOS GASTOS DEL ESTADO”

La expresión corresponde al gobernador de Corrientes durante una entrevista en un programa televisivo. Los dichos de Gustavo Valdés, asombraron por su imprudencia y negligencia rayana en lo delictual.

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Por Pablo Andrés Vassel
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Cabría investigar la posibilidad del delito de apología, más tratándose de un primer magistrado provincial, que en pocas palabras, pero muy contundentes sugiere el contrabando de cereales. En el reportaje trasmitido por el canal propiedad de Mauricio Macri, el ex Presidente donde se referencia Valdés, también señaló “que no es un tema que solo pasa con la soja, sino que ocurre con el cobre y el combustible». Como si no estuviera conforme con los dichos concluyó “hay mucha soja que no sale por el puerto de Rosario, sino que es más rentable el contrabando por Formosa o Misiones”, olvidando la provincia que el conduce en la que hasta un Juez Federal afín al gobierno provincial está siendo investigado por el contrabando de soja.

Por otra parte, no hace falta más que leer los diarios de Corrientes, que tampoco cuentan todo, para ver que recurrentemente camiones con miles de toneladas de soja a granel son interceptados en las provincias de Corrientes y Misiones. El producto del agro es llevado a distintos destinos, sin que los responsables abonen los respectivos impuestos. ¿Cómo es posible movilizar tantos camiones a través de diversas provincias sin ser descubiertos? Las sospechas que nacieron hace algunos meses parecen tener alguna respuesta en la actualidad. Funcionarios de distintas fuerzas de seguridad estarían directamente involucrados en los actos de contrabando. De acuerdo a información conocida recientemente, proveniente de fuentes extraoficiales y publicada entre otros por el diario Época, la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consiguió pruebas necesarias para desarticular a una organización ilícita.

La hipótesis de las autoridades indicaría que, mediante la presunta corrupción de funcionarios públicos, en este caso puntual, de efectivos de fuerzas de seguridad, empresarios lograban movilizar irregularmente cargamentos de soja en grano, valuados en cientos de millones de pesos.

Supuestamente, los camiones que transitan las carreteras de Corrientes cruzan los distintos controles con la venia de determinados uniformados. La movilización de esas cargas hacia zona de frontera implica sin dudas su posterior contrabando, no se puede entender cereales a granel transportados de sur a norte. El fisco se vería de esta manera afectado en la pérdida de sumas multimillonarias. Las pesquisas del estarían a cargo de una Unidad Especial de GNA con asiento en Corrientes.

Hace un tiempo el Escuadrón 47 de Gendarmería Nacional con asiento en Ituzaingó, población gobernada por el hermano del Gobernador y su ciudad natal, incautó 400 toneladas de soja al detectar el desfile coordinado de 12 camiones que transportaban cereales a granel, obvio en forma ilícita. La escena se repite a menudo: gendarmes que controlan las rutas y prefectos que fiscalizan embarcaciones en los ríos se encuentran con grandes cargamentos de cereales, transportados con un impactante despliegue logístico, combinado con la falta o adulteración de documentos para el traslado de estas mercaderías. Son rasgos típicos del tráfico ilegal o el contrabando.

Mientras bregan por la baja de retenciones u otros beneficios, grandes exportadoras de granos que manejan el mercado y el ingreso de divisas, generarían mecanismos ilegales para sacar sus productos del país y obtener ganancias, con las consecuencias que esto acarrea en la economía local: desabastecimiento, mercado negro y suba de precios de los productos primarios, inflación. Si no hay una liquidación y venta de granos dentro de la legalidad, si se sobrefactura o factura por debajo del precio de mercado, o se contrabandea o se instalan otras formas de venta ilegal, se fuerza una devaluación que termina impactando en los precios de productos básicos (pan, aceite, huevo, arroz, harina).

Por lo general en un comienzo quedan comprometidos los choferes y propietarios de los camiones, pero el nudo de la cuestión es hasta dónde llega la cadena. La investigación debe comprender la posibilidad cierta de posibles maniobras de lavado de activos. No todo puede terminar en la imputación a los transportistas, sino que debe ir a la médula de la cuestión, apuntar a desnudar las operaciones de retención de granos, subfacturaciones, sobrefacturaciones y contrabando, que suelen funcionar como delitos precedentes del lavado de activos, además de la evasión. La investigación debe situarse en la actividad de las principales cerealeras agroexportadoras, que no son muchas, entre ellas Vicentin, Bunge, Oleaginosa Moreno, Cargill, AGD, Dreyfus, COFCO, ADM agro, Molinos, Nidera, aceitera Deheza. Facturan un promedio de 3.000 millones de dólares al año.

Sobre Vicentin (todos somos Vicentín) ya es conocida la investigación por el vaciamiento de la empresa y por el contrabando de Granos a Paraguay y se quedó con la parte de los créditos que le dio a la empresa el Banco Nación durante el macrismo. Creo, el gobierno perdió una enorme oportunidad por el accionar político equivocado. Pero bueno es cuestión de opinión. Además hay varias investigaciones que a paso de tortuga recorren los piso de Comodoro Py respecto de presuntas maniobras fraudulentas en la presentación de las declaraciones juradas de exportación. También se investiga ante los Juzgados Federales de Corrientes, el de Oberá (Misiones) y el de Reconquista (Santa Fe), a raíz de todas las incautaciones y secuestros de vehículos que se hicieron a lo largo del año pasado que revelarían contrabando de granos a través de esas provincias. Hoy podemos hablar de un Corredor Litoral, que conecta a la Argentina con los países de la región además de las vías terrestres están las fluviales, de ahí la importancia del manejo de los puertos y la llamada hidrovía. Llama mucho la atención la reticencia de los Juzgados Federales de esta región a dar información a la Unidad de Información Financiera.

El delito que promociona el Gobernador de Corrientes y que se vinculan a las exportadoras de cereales repercuten, entre otras cosas, en el ingreso de divisas al país (el 60% de las divisas que ingresan provienen del complejo agroindustrial). Menos tributos e ingresos, significan menos fondos para educación, salud, créditos y políticas públicas en general. Bueno el Gobernador pretende un Estado al estilo macrista, nada de esto le importa mucho.-