El Presupuesto Nacional para el año 2021 contempla alrededor de 1.3 billones de pesos destinados a políticas de género, lo que permitirá avanzar en acciones concretas respecto a la prevención y erradicación de la violencia de género, así como de reducción de las brechas existentes aun en nuestra sociedad.

No obstante, el dato novedoso de este presupuesto es que, si bien a partir del 10 de diciembre de 2019 se creó por decisión del Presidente Alberto Fernández un ministerio específico para llevar adelante estas políticas (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), las estrategias activas en la materia, que contaran con una partida presupuestaria específica, estarán presentes en casi todos los ministerios y organismos del Estado contemplados en la ley de leyes, lo que habla del carácter transversal de las acciones encaradas por el Gobierno Nacional en esta materia.

En 1947 se sanciono en nuestro país la ley de sufragio femenino que permitió por primera vez a las mujeres ejercer derechos cívicos; en 1991 se sanciono la ley de cupo femenino, que permitió equilibrar los espacios de participación entre hombres y mujeres a nivel parlamentario, paso que fue seguido por las provincias; en el 2012 se promulgo la ley de identidad de género que permitió la adecuación del reconocimiento a la identidad personal según la voluntad individual; finalmente en 2017 fue sancionada la ley de paridad de género, como continuación y profundización del cupo femenino estipulando la representación equitativa de hombres y mujeres en las listas electivas, legislación que ha sido imitada por muchas provincias; en este momento desde el justicialismo correntino nos encontramos impulsando una ley en este sentido, que a pesar de la resistencia  del modelo conservador que gobierna la provincia tarde o temprano terminara aplicándose, dando a las mujeres correntinas la equidad que corresponde para su participación en las instituciones políticas provinciales.

Este pequeño repaso de la evolución de la legislación en materia de género e inclusión nos permite ver con claridad que la Argentina es desde hace ya mucho tiempo pionera en el desarrollo de políticas de este tipo, lo que se une a lo que ya es representativo de nuestro país a nivel mundial: la lucha por la identidad y por los derechos humanos, encarnado en el trabajo incansable de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Lo cual nos lleva a reflexionar ante cualquier duda o reparo que tengamos al respecto, en que siempre el camino correcto es el de la inclusión. La protección y la ampliación de derechos de aquellos sectores o grupos sociales que durante muchos años estuvieron relegados y hasta apartados del centro de la discusión y decisión de los temas más importantes; los hechos históricos y políticos así lo demuestran, las leyes y las políticas inclusivas siempre tienen a largo plazo un resultado favorable, y van llevando cada vez más a la sociedad hacia una postura de mayor tolerancia y respeto por la diversidad, así como de mayor demanda en materia de inclusión y equidad; dejando a las posturas de odio, discriminación y segregación en un lugar absolutamente minoritario, aunque también muy ruidoso y combativo.  

La transversalidad de las políticas inclusivas y de género nos lleva a pensar también que estamos en otro nivel de evolución en esta área, años atrás estas se limitaban a permitir el ingreso de cierto número de mujeres en los ámbitos legislativos o a asegurar cierta igualdad numérica, hoy ya hablamos de inclusión desde otro aspecto, la igualdad ya no es una cuestión meramente matemática, aunque este plasmada de esa manera. Hoy es importante que esa igualdad se refleje en las acciones concretas del Estado hacia la sociedad, lo que incluye no solo al grupo al que va destinada la política de inclusión, sino también hacia todos aquellos que no forman parte de los mismos pero sobre los cuales hay que generar la conciencia y el conocimiento necesario para que acompañen estas transformaciones y esta evolución, de esta forma toda la legislación y la acción estatal no quedara meramente en cuestiones técnicas, legales o presupuestarias, sino que serán absorbidas por toda la sociedad como un elemento indispensable en la construcción de un país más justo, equitativo y solidario.

Como mujer de la política he visto y sentido todas las estigmatizaciones, dificultades y obstáculos posibles en el camino a llegar a los lugares de decisión o de discusión más importantes de nuestra sociedad. Afortunadamente me toca también formar parte de una época en la cual los derechos, la inclusión y la equiparación, ya no son parte de una discusión minoritaria, sino que ocupan hoy en día los principales espacios de debate desde la política hasta la mesa familiar, generándose de esa manera la concientización necesaria para seguir avanzando.

Es cierto que hay aún mucho por hacer, pero el hecho de que en el año 2021, la Argentina vaya a tener un presupuesto pensado y elaborado desde una perspectiva de género, inclusiva, con énfasis en la equiparación en el acceso a las políticas públicas, y centrada en la lucha contra cualquier violencia o discriminación, habla muy bien de nuestra sociedad, de nuestra madurez en temas que seguramente hace diez, veinte o treinta años eran tal vez impensados y que hoy afortunadamente forman ya parte de la agenda pública. Esperemos que después de un año de grandes dificultades, en el 2021 sigamos como país transitando esa senda que nos ha hecho tan bien y que nos ha señalado un verdadero camino a seguir como Nación: el camino del respeto, la comprensión, la inclusión y la tolerancia, trabajando siempre en pos de construir lo que nos falta y mejorar lo que ya hemos logrado.