Los centros clandestinos de detención, “lugares de reunión de detenidos” los denominaban los militares, como si fueran casinos de esparcimiento, fueron concebidos en realidad, por el poder dictatorial, como verdaderos campos de concentración, tortura y exterminio. La particularidad de algunos de ellos es que, si bien estaban ubicados geográficamente en lugares de gran concurrencia o transito público, como la ESMA, o en nuestro caso como el RI 9, se mantenían apartados de la visibilidad pública.  Los secuestrados en esos sitios no aparecían en los registros oficiales, no existían *son desaparecidos* alegremente decía Videla. Se aplicaban torturas físicas y psíquicas que escapan a la imaginación por su ferocidad y ensañamiento.  Las identidades de los verdugos eran ocultadas, operaban con apodos y nombres falsos; los cuerpos de las personas asesinadas eran arrojados a fosas comunes, enterrados clandestinamente y sin registros o tirados al mar o en el caso de Corrientes al río. Además de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes, la aparición de cadáveres sin identificación y con signos de haber sido brutalmente torturados permite suponer que los secuestrados eran sometidos a algo verdaderamente horroroso.

Ahora el gran interrogante es ¿todas las acciones de la represión clandestina eran invisibles para la sociedad? los secuestros eran “visibles” (muchas veces se hacían en lugares públicos y en presencia de testigos). Lo que sucedía después con las víctimas era lo que se ocultaba.  El sistema de terror combinaba “ocultación y visibilidad”. El poder militar buscaba que la sociedad viera esa invisibilización.  Ésta combinación de ocultación y visibilidad era un sistema “discreto,” de diseminación del terror. La “discreción”, combinación entre información y secreto, hizo que los secuestros, las torturas y las desapariciones fueran eficaces para generar terror y romper los lazos sociales.

Los medios hegemónicos ocultaron los hechos en aquella época y hoy los mismos medios le quitan trascendencia. La prensa fue concebida como un sector estratégico para quienes idearon, planearon y llevaron adelante la dictadura cívico-militar. Buscaban, legitimar el golpe, y se usaban como correa trasmisora de la propaganda militar, a la vez servían para ocultar las atrocidades y los crímenes cometidos (invisibilizar). Eran una pieza clave en la operatoria de propaganda militar. He ahí la importancia que cobran los testimonios y los lugares.

 Los caminos que sirven para transmitir la memoria social son múltiples, testimonios, documentos, pericias y entre ellos los lugares y sitios geográficos cumplen un rol fundamental. Estos últimos no sólo sirven para evocar pasados, representar historias de luchas sociales y políticas o el compromiso de una generación por una Argentina menos desigual, más justa y solidaria, sino también para que se haga realidad aquello del NUNCA MAS, no sólo referido a regímenes militares exterminadores, sino también a regímenes que bajo el ropaje “democrático” evocan y reivindican el pasado desde la óptica de los “dos demonios”.

 Los predios y edificios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar se han investido por ley en “sitios de memoria”, y esto significa ponerlos en un valor histórico singular mucho más allá de lo meramente simbólico (que no es menos importante), con medidas de acción concretas: monumentos, placas, creación de museos, preservación de los edificios.  Las acciones emprendidas por organismos de DDHH, han tenido el acompañamiento en muchos lugares del país por diversos organismos del Estado, provinciales y nacionales.

 Esta carga simbólica, en Corrientes se torna difícil de realizar. Los esfuerzos de los organismos, de las víctimas no es correspondido por el Estado en la medida necesaria para salvaguardar el RI9. Vale reconocer que cuando estaba a punto de convertirse en un gran “negocio” entre funcionarios y privados, cambió el gobierno nacional y rápidamente se dejó sin efecto toda la operativa que desvinculaba al Estado Nacional sobre el sitio. Según el propio Ministro de Defensa, el Estado Nacional se va hacer cargo del mantenimiento, desafiando   la voluntad del poder provincial de hacer negocios y borrar las huellas de la historia, marcas que a algunos de ellos los comprometen con su pasado. Seguimos esperando.

 Los ex centros clandestinos, entre ellos el RI9, son la cara material y visible de un crimen que se quiso mantener invisible. De allí su importancia como prueba, con lo que ya bastaría para conservarlos y también, su capacidad para transformarse en símbolos del horror. Por ello las controversias en torno a si es todo el predio o una parte de él y otras, deben hacerse pensando que RI9 debe ocupar un lugar central en las representaciones y relatos sobre la dictadura, la tortura y la desaparición de personas. No sólo es un lugar físico para las conmemoraciones; no sólo es el sitio elegido para instalar un museo de la memoria; no sólo es el lugar institucional sobre el que existen conflictos (políticos y memoriales) acerca de qué recordar y de quiénes tienen legitimidad para decidir sobre esto. También se ha convertido para Corrientes, en “nombre propio” del horror y en referencia obligada para apelar al deber de memoria.