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MEMORIA VERDAD JUSTICIA

En busca de la Verdad

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Por Marisa Sanauria

Luego de la anulación por parte del Congreso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes tomó la decisión de convocar a familiares y ex detenidos y en forma conjunta se instó a la reapertura de las causas iniciadas antes de las Leyes de Impunidad

La primera presentación se efectuó en noviembre del año 2003, por la desaparición de Vicente Víctor Ayala, Julio César Barozzi, Orlando Diego Romero y Jorge Antonio Saravia Acuña; ya en el año 2004, el día 24 de Marzo, se formalizo la denuncia criminal por la desaparición de Rómulo Gregorio Artieda.

Ambas denuncias fueron la antesala, para que se promoviera la investigación de lo que había acontecido en la ciudad de Corrientes, por Centro Clandestino de Detención. Un reclamo que desde las organizaciones de Derechos Humanos se hacía sentir en todo el país, pero que no lograba anclar en las decisiones de los magistrados hasta entonces. –

Esta Causa, que fue la primera en llegar a debate oral del interior del país, también fue la primera que juzgo las responsabilidades desde la óptica de la propia organización criminal montada a ese efecto, por Centro de Detención Clandestino, como metodología del Plan Sistemático, lográndose comprobar en agosto del año 2008, la existencia de los galpones del Regimiento de Infantería 9, como uno de ellos.

Fueron los testimonios de ex – detenidos liberados, los que abrieron la puerta para la incorporación en la causa de otros familiares de desaparecidos y de ex presos y presas políticas.

Se individualizó al grupo de tareas (Juan Carlos De Marchi; Horacio Losito; Julio Barreiro y Raúl Reynoso) y se los condeno por su responsabilidad sobre 14 hechos.

Sin dudas, fue un logro importante, sin embargo, no lograba dimensionar en su magnitud la ferocidad del plan genocida en la región.

Los testimonios y los documentos que fueron saliendo a luz, nos instaba a profundizar la investigación.  Así el Ministerio Publico Fiscal en el año 2014 impulsó una investigación que comprometía a muchas personas en calidad de autores o responsables y sobre un universo de más de 100 mujeres y hombres de nuestra comunidad que habían sido objeto de estos.

El terrorismo de Estado ejecutó un plan de aniquilamiento de los sectores populares, para ello las fuerzas armadas cuadricularon el país, asignándoles zonas de operación a los Cuerpos de Ejército (1, 2, 3, 4 y 5) y estas a las Brigadas a su mando.

Nuestra ciudad, al igual que las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, estaban bajo el control operacional de la Zona Militar 2 (Cuerpo de Ejército 2)- Sub-zona 23- a cargo de la VII Brigada de Infantería con asiento en nuestra ciudad.

Esta Brigada tuvo en sus manos la diagramación del Plan del Ejercito para ejecutarlo en nuestra región, teniendo en cuenta lo que ellos denominaban el enemigo interno u oponente. Es así como, en el contexto histórico de la Región Nordeste, aparecía en la escena política nacional, los movimientos agrarios y campesinos, con una organización a nivel provincial, pero de coordinación regional que se denominaron Ligas Agrarias.

Su conformación reconoce su origen en el Movimiento Rural de la Acción Católica, fundado en 1958, que paso de ser una organización evangelizadora a una claramente reivindicativa al compás de la emergencia de procesos e ideas de rebelión social tanto en el seno mismo de la Iglesia, con el surgimiento de la Teología de la Liberación, como de procesos políticos en toda Latinoamérica, afectando todos ellos en  forma notable los debates y a la organización de este movimiento rural al que se adicionaba la militancia universitaria, social y política  de la región.

Esta y no otra, fue la razón por la cual la Comandancia de la Brigada de Infantería VII dispusiera llevar adelante los llamados plan de Acción Cívica- “TOBA”, o también denominados Operativos Toba I,  II, III y IV, que lejos de ser acciones cívicas eran planes en sí mismos, desplegados en zonas que otrora fueran escenarios de grandes movilizaciones y organización rural, y cuyo desarrollo obedeció fundamentalmente a la individualización y detención de personas a la vez implantar el terror,  militarizando la zona, para así desmantelar toda organización que por su presencia en el entorno social y el reconocimiento en ella, constituyera dentro del concepto del enemigo, lo que  denominaron “el oponente”.

Pues bien, el último día hábil del año 2020, el tribunal de juicio dio impulso a la causa “Mechulan y otros…” también conocida como VII Brigada, citando a las partes a que se ofrezcan las pruebas que serán parte del debate oral y público que esperamos no se dilate más, ya que el tiempo (45 años) atenta contra la posibilidad de esclarecimiento de la verdad y la sanción que les corresponde a los autores.

Este proceso, entendemos permitirá develar como se planificó, organizó, funcionó y ejecutó la represión en esta zona del país, contribuyendo no solo a afianzar la justicia, sino la Verdad y la Memoria, pilares sobre los cuales se construyen permanentemente el Nunca Más.