El 17 de diciembre fue un día muy especial en Corrientes. Los organismos de DDHH, agrupaciones políticas, movimientos sociales, sindicatos, partido políticos, legisladores, referentes de diferentes sectores y especialmente víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de estado, concurrieron a las puertas del ex regimiento de infantería 9, convocados por Espacio de Memoria Ex Regimiento 9, para celebrar el logro de haber obtenido la cesión por parte del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia (específicamente a la Secretaría de DDHH de la Nación Dirección de Sitios de Memoria), de un sector del predio donde funcionaba el mencionado cuartel militar, utilizado durante la dictadura militar de 1976 a 1983, como Centro Clandestino de Detención.

Durante el acto, que contó con la presencia del Director de DDHH del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, se leyó la Resolución que dispone la cesión y un documento de Espacio RI 9. El momento más emotivo fue en la presentación de una perfomance realizada por jóvenes militantes a la que se sumaron finalmente las víctimas presentes.

En el regimiento de infantería 9 de la ciudad de Corrientes, funcionó un Centro Clandestino de Detención desde aproximadamente agosto de 1976. Dicho centro de detención política era manejado por el Ejército Argentino que se había apoderado del Gobierno del Estado mediante el golpe del 24 de marzo de 1976. En estas dependencias además se planificaba la represión en los departamentos de Capital, San Cosme, San Luís del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina y provincias de Misiones, Chaco y Formosa.

En la división de tareas se le conocía como Área 231, cuya jefatura la ejercía el Jefe del R I 9 (Regimiento de InfanterÍa 9) que al momento de llevar a cabo sus acciones ejercía control sobre la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes, Alcaidía y Brigadas de Investigaciones y otras dependencias tales como Santa Catalina, Secciones de Gendarmería Nacional o Delegación local de la Policía Federal, y otras dependencias militares de quiénes dependían directamente los hombres y mujeres, especialmente jóvenes militantes políticos recluidos en todas esas sedes, pero especialmente en el Galpón o Cuadra de Soldados del Regimiento 9 de Infantería.

Los denominados grupos de tareas actuaron con una gran discrecionalidad, realizando detenciones ilegales, interrogaciones bajo tormentos a los detenidos que estaban sometidos a condiciones inhumanas (malos tratos, vejámenes, torturas).

Las y los Jóvenes detenidos eran mantenidos clandestinamente en cautiverio, para luego decidir el destino final de cada víctima: el “ingreso al sistema” (Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial), una apariencia de libertad o la desaparición física.

Lo dicho hasta aquí se encuentra absolutamente probado en legal y legítimo juicio realizado en los tribunales federales de Corrientes, donde los imputados gozaron de todas las garantías legales y procesales. Juicio al que se llegó luego de una larga lucha de familiares y víctimas, de organismos de DDHH que lograron radicar la denuncia el 24 de marzo de 2004, conseguir una sentencia en agosto del 2008, que reconocía los hechos ocurridos y la existencia del Centro Clandestino y hoy luego de tantos años, poder constituir un Espacio de Memoria.

Nada fue fácil a tal punto que durante la anterior administración, el gobierno de Macri, se dictó el decreto 345/19 por el cual autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer y enajenar al ex Regimiento de Infantería N° 9 para llevar a cabo el “Plan Urbano Costero” en la ciudad de Corrientes. En ese sentido reconocemos el compromiso del actual gobierno nacional con los derechos humanos, con la preservación de la memoria y la realización de la justicia.

En épocas de un absoluto desprestigio de algunas instituciones de la República, un Espacio Memoria debe ser entendido como el nexo entre un pasado represivo y un presente en construcción continua para la transformación de nuestro futuro colectivo en democracia.

El Espacio Memoria tiene como objetivo aportar a la comprensión sobre cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en Argentina y sus consecuencias en el presente, para contribuir a consolidar una cultura democrática y un ejercicio pleno de los derechos humanos. Los sitios (el galpón o el casino de oficiales en este caso) constituyen pruebas en los juicios por delitos de lesa humanidad y forman parte de nuestro patrimonio histórico. Además, deben considerarse materialidades para la memoria, espacios desde donde podamos reconocernos, aportar a la memoria colectiva sobre el horror de la dictadura, de las detenciones ilegales, de las torturas y las desapariciones físicas de personas. Como también, de los intentos de impunidad de los responsables de los crímenes cometidos en esos lugares.

Se constituye en un espacio abierto a la comunidad, que busca preservar la memoria y promover y defender los derechos humanos y arrojar luz sobre el doloroso pasado reciente de nuestro país.

En nuestro país, hay varios espacios de memoria y anhelamos que cada centro clandestino se transforme en un espacio, esto es refuncionalizarlos para llevar adelante acciones relacionadas con la memoria, la verdad, la justicia y la promoción de los derechos humanos. El Espacio de Memoria debe estar al servicio de una comunidad en busca de la identidad en democracia. Para la realización del NUNCA MAS. –