La actual situación de crisis alimentaria en la que está sumergido nuestro país, con el consecuente y creciente incremento de la pobreza e indigencia, son resultado (el más dramático) de la reestructuración económica iniciada en 1976 y perfeccionada en el llamado periodo de la convertibilidad, o del uno a uno. Reestructuración que incluyó el abandono de importantes funciones de control (que el Estado debería salvaguardar en interés del conjunto de la sociedad) bajo la premisa de la “libertad de mercado” y “achicar el Estado era agrandar la Nación”. Durante los 4 años de Cambiemos, este modelo se ejecutó sin errores.

Este proceso (como segunda etapa a la iniciada por José Alfredo Martínez de Hoz en 1976) incluyó lo que se conoce como la reforma del Estado (Ley 23.696) que, entre otros aspectos vinculados, incorporó la consecuente desregulación de importantes actividades de control (en manos de entes públicos que fueron disueltos, o de organismos a los que se le acotaron sus responsabilidades públicas), dejando a disposición de los agentes de mercado su cumplimiento u observancia, permitiendo que los grupos económicos/sociedades anónimas más consolidados aprovecharan para ocupar posiciones dominantes y desde ellas ejercieran poder para establecer condiciones de competencia en base a precio sobre competidores que, poco a poco, fueron cediendo posiciones y cuotas de mercado en favor de aquellas que extendieron, ampliaron, su participación de mercado (una reestructuración basada en la valorización financiera de las actividades y en la consolidación de posiciones dominantes a escala nacional en el mercado interno).

En el sector agroalimentario esta trayectoria ha sido intensa, sostenida, amplia y ha producido una transformación estructural, con las consecuencias que hoy padecemos. Un ejemplo de lo que se expresa, ampliamente conocido, puede verse en la actual situación de la cadena láctea, que es un caso testigo de concentración de poder dominante, tanto en la adquisición de la materia prima, como en la distribución y fijación de precio al consumidor, que ha destruido, colapsado o reducido a la mínima expresión históricas cuencas lecheras. Casos similares se constatan en la producción de panificados, harinas, en fin, en productos de consumo masivo y que forman parte de una dieta básica imprescindible para la población, particularmente crítica para la niñez.

Los productos alimenticios con valor agregado que forman parte de la canasta básica alimentaria se encuentran en poder de grupos económicos concentrados responsables de la escalada de precios que se vivió (y aún se vive) y también responsable (en parte), de los guarismos de inflación de 2021. Los productos frescos de origen vegetal y la carne bovina siguen procesos similares. En este caso, la producción primaria no está estructurada de la misma manera, aunque la tendencia podría orientarse hacia ese modelo de concentración e integración de la cadena.

Esta introducción, quizás algo desordenada y/o incompleta en nombre de la brevedad, es para dejar una obvia primera reflexión: la estructura del sector agroalimentario y agroindustrial está altamente concentrada y su poder político es inmenso, lo que no es una novedad.

La estrategia de intentar, como único recurso, que el sector agroalimentario acepte una subordinación al poder del Estado para contener las recurrentes remarcaciones de precios ha mostrado, aún muestra, su escaso y fugaz éxito. Pensarla como herramienta para ganar tiempo y desarrollar otras alternativas que cuenten con arraigo territorial, que contribuyan a generar acceso a través de mercados de proximidad y alternativas interregionales de abastecimiento, debería ser el menú para abordar la emergencia alimentaria generando soluciones que la sociedad pueda apropiarse, pueden ser parte de una estrategia elusiva de “competir por el mercado”, para ser parte de otra estrategia positiva, para generar una opción de arraigo local e integración federal.

Es interesante, entonces, considerar como posible y necesario construir, con visión estratégica, herramientas que permitan vincular capacidades de producción primaria, agregado de valor, logística y distribución disponibles en el territorio, generando casos testigos que, sirviendo de ejemplos multiplicadores, puedan desarrollarse en territorios que enfrentan dificultades para acceder a la canasta básica alimentaria.

Para ello, si bien es necesario considerar recursos, lo central está en poder tener la decisión política de apoyar procesos que generen vínculos entre los diferentes actores. Por una parte el sector privado: productores primarios, Industriales de la alimentación de pequeña o mediana escala, comerciantes y consumidores, hoy subordinados al modelo hegemónico; y por otra parte el sector público nacional, provincial y municipal, sea en las áreas de responsabilidad política, como aquellas con incumbencias técnicas y de control de inocuidad alimentaria, para facilitar procesos locales e interregionales, así como incumbencias en el desarrollo de asociativismo, como instrumento para generación de escalas y complementariedad de capacidades, que se integren en una estrategia local, en primer lugar.

Esto como primera aproximación, aunque no excluyente de otros bienes y servicios, que aborden la urgente situación de emergencia alimentaria que no ha menguado en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

No solo hacemos referencia a los casos urbanos y de poblaciones altamente vulnerables, sino que consideramos a aquellos territorios que están fuera del interés del modelo ya expuesto y que, por efecto de la metodología de establecer el valor rentable de los bienes ofrecidos, llegan a precios muy elevados dado que se trata de mercados con escaso volumen o desarrollo. Para este proceso es importante promover vínculos con pymes, y microemprendimientos, productores, consumidores, sus organizaciones para construir mecanismos de confianza y a la vez, sumar las jurisdicciones subnacionales al proceso, ya que es sobre los territorios provinciales o locales será donde se produzcan estos procesos de vinculación, de manera que aspectos normativos y regulatorios queden debidamente resguardados en beneficio de productores y consumidores. La idea es restablecer los mercados de cercanía que la globalización, entendida desde el centro, destruyó.

Este es un proceso que requiere tiempo, perseverancia y fundamentalmente, decisión política con visión estratégica, que no abandone las urgencias del corto y mediano plazo, pero que induzca, provoque o produzca un anclaje territorial de políticas (a través de herramientas adecuadas) apropiables por los actores y destinatarios, así como por los gobiernos subnacionales. Es una tarea que ya tiene algunos pasos dados en algunas jurisdicciones del PEN, como son MAGyP, Min. de Desarrollo Productivo. Todas tienen alguna funcionalidad orientada a recuperar circuitos cortos y también largos, extra regionales. Se trata de reestablecer vínculos que el modelo neoliberal fue desechando porque están lejos del objetivo de que los alienta: la rentabilidad

En el MAGyP funciona “Acercar Alimentos”, una línea de trabajo que intenta coordinar capacidades e instrumentos de ministerios (JGM, MAGyP, MDS, MDP, MINT) e institutos (INTA, INASE, SENASA, INAES) a través de una “Mesa de Articulación Interministerial” que facilita y promueve acciones coordinadas para desarrollar de manera efectiva mercados de cercanía en los territorios, a partir de recursos disponibles.

Por otra parte, en el INAES, existen las Mesas del Asociativismo y la Economía Social (MAES) que reúnen diferentes expresiones organizativas de la comunidad en los territorios con el propósito de promover vínculos entre ellas para la solución de los problemas presentes en sus comunidades.

Algunos emprendimientos sin participación directa del Estado, como la “Mesa Agroalimentaria Argentina” que encabezan entre otras organizaciones la UTT, FECOFE, MNCI Somos Tierra, son un caso para seguir de cerca. Un ejemplo de lo que este documento postula.

Son iniciativas con mucho valor y oportunidad, pero que requieren mayor apoyo institucional como marco para producir los efectos de ir generando capacidades y vinculaciones que puedan sostenerse en el tiempo de manera tal que la sociedad se las apropie y acompañe en su desarrollo. Estas iniciativas deben tener como mirada la búsqueda de recuperar la conexión, hoy frágil, de la sociedad con la política pública.

En una última y propositiva reflexión, pensando prioritariamente en la problemática alimentaria de nuestro pueblo, es necesario impulsar que las áreas de Estado con incumbencias directas en la temática alimentaria (ministerios y organismos del PEN) tomen esta oportunidad para avanzar en la estrategia de operativizar/generar las capacidades potenciales y existentes, para enfrentar los serios problemas de acceso a alimentos a precios razonables, en calidad y cantidad que resuelvan de manera definitiva este flagelo que se vuelve cada vez más insostenible. Cuando de transformar la realidad se trata, insistía Arturo Jauretche, “primero hay que entenderla, saber qué es lo que necesitamos resolver, para luego actuar en cada caso”.

Finalmente, el desafío de la seguridad y soberanía alimentaria, en el contexto actual, necesita mucho del anclaje territorial, seguir una metodología para identificar las necesidades en cada caso y construir en territorio sus propias soluciones, para un objetivo común. Para esto, a las áreas específicas hay que sumarle el concurso de las que tienen competencia política para que sirvan como facilitadores y articuladores, generando políticas y recursos que permitan resolver la actual distorsión que impide al acceso a los alimentos en calidad y precio. Somos una nación productora de alimentos que no puede dejar de ofrecerlos a su pueblo, en cantidad, calidad y precio como lo hizo hasta fines de los años 60 del siglo pasado. La alimentación es la base del futuro que una nación soberana debe resolver.

En síntesis, la emergencia alimentaria debe dejar de tratarse como un problema de asistencia social, sino como un problema político, que debe abordarse como tal, considerando que un aspecto de la salida de la actual crisis económica consiste en la reactivación del mercado interno, con un enfoque Nacional y donde el mercado es parte de una estrategia de desarrollo a la que subordina. •

(*) Primero la Patria

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